La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial venezolano ha pasado de ser una discusión teórica a una práctica en desarrollo dentro de los juzgados del país. Durante la celebración del VIII Simposio CETYDIP-ENM, la Dra. Michelle Adriana Velázquez Grillet —magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y coordinadora de la Comisión Especial de Tecnología y Digitalización de los Procesos (CETYDIP)—

El State of AI Report 2026 confirma el avance de los agentes autónomos. Analizamos sus consecuencias para el Derecho, la responsabilidad, la informática forense y la prueba electrónica.

La incorporación de la inteligencia artificial generativa al ejercicio jurídico ya no es una cuestión meramente experimental. Despachos, departamentos legales, jueces, árbitros, académicos y peritos emplean estas herramientas para leer, ordenar, resumir, redactar y contrastar información. Sin embargo, la expresión «ChatGPT Legal» suele utilizarse con una amplitud que puede inducir a error: no se trata de un abogado digital, ni de un sistema que sustituya la investigación jurídica, la valoración de la prueba o la decisión profesional.

La llegada de ChatGPT a Microsoft Word mediante un complemento modifica ese esquema. Ahora es posible utilizar la inteligencia artificial junto al documento que se está redactando, a efectos de preparar textos, revisar pasajes, resumir informes y ordenar aspectos de formato sin salir del entorno habitual de Office. La integración también se extiende a Excel y PowerPoint, lo que permite mantener una misma lógica de asistencia en documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

El trabajo jurídico exige reconstruir hechos dispersos, relacionar documentos, identificar contradicciones y sostener conclusiones que puedan resistir el examen de una contraparte. En ese terreno debemos valorar las ventajas de GPT-6 Astra, el modelo de OpenAI orientado a tareas complejas. Su interés para abogados, consultores, departamentos legales y docentes se encuentra en la posibilidad de coordinar operaciones que habitualmente consumen numerosas horas de trabajo intelectual y administrativo. La utilidad profesional aparece cuando esa capacidad se aplica a un encargo definido, con documentos pertinentes, fuentes identificables y criterios de revisión establecidos por el jurista.

El denominado código hash, técnicamente llamado valor hash o resumen criptográfico, es el resultado de aplicar una función matemática a un conjunto de datos. Un algoritmo como SHA-256 produce una secuencia que permite comprobar si los datos examinados mantienen su identidad binaria respecto de una referencia previamente calculada. Al aplicar el mismo algoritmo a exactamente los mismos datos, se obtiene el mismo resultado; una modificación de estos genera, con altísima probabilidad, un valor diferente. Esta propiedad lo convierte en una herramienta fundamental para verificar la integridad de la evidencia digital. (NIST Publications)

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