Uso Procesal de la Inteligencia Artificial en Venezuela: Resultados y Estadísticas de la Encuesta Nacional Judicial
La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial venezolano ha pasado de ser una discusión teórica a una práctica en desarrollo dentro de los juzgados del país. Durante la celebración del VIII Simposio CETYDIP-ENM, la Dra. Michelle Adriana Velázquez Grillet —magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y coordinadora de la Comisión Especial de Tecnología y Digitalización de los Procesos (CETYDIP)— presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso Procesal de la Inteligencia Artificial. Este estudio fue ejecutado en el marco del grupo de trabajo 2 de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana y recopiló datos de 1.007 jueces y servidores judiciales a través de seis bloques temáticos en todo el territorio nacional.
1. Adopción Fáctica e Individual de la IA
Los datos presentados revelan una brecha entre el uso informal de la tecnología y la reglamentación institucional:
- El 63% de los encuestados (639 servidores) manifestó no utilizar herramientas de inteligencia artificial en sus labores cotidianas.
- Más de un tercio de los funcionarios (37%) confirmó que sí emplea herramientas de IA por iniciativa propia para apoyar su trabajo.
Este empleo se realiza de forma extraoficial e individual mediante dispositivos personales y soluciones comerciales de acceso público —tales como ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude y Llama— en lugar de sistemas o plataformas institucionales centralizadas. La práctica individual entre los operadores de justicia se desarrolla a mayor velocidad que la promulgación de normativas y estándares oficiales.
2. Tareas Procesales y Redacción Asistida de Sentencias
En el ámbito de la gestión documental y operativa, las tareas procesales en las que más se recurre a la IA son:
- Búsqueda y filtrado de jurisprudencia: 35,5%.
- Identificación de casos similares: 14,4%.
- Elaboración de borradores de escritos: 14,3%.
En relación con la redacción asistida de decisiones judiciales, el 20% de los encuestados señaló utilizar la IA para colaborar en la elaboración de fallos, desglosado en un 13% que la emplea de forma habitual y un 7% que la usa a modo de prueba o piloto personal. Al analizar el uso por etapas procesales específicas, un 10,2% afirmó emplearla para la fase de elaboración de decisiones, mientras que un 71,2% declaró no aplicarla en ninguna etapa procesal.
Por otra parte, la medición del impacto real de estas herramientas es incipiente: solo el 24,8% de los consultados evaluó la precisión de la IA (8% la estimó alta, 13,1% media y 3,7% baja), mientras que el 75% restante no emitió juicio debido a la inexistencia de indicadores y métricas formales de gestión (KPIs).
3. Supervisión Humana (Human-in-the-Loop) y Principales Riesgos
Frente al debate sobre la automatización judicial, el informe enfatiza la preservación del principio de supervisión humana o Human-in-the-Loop:
- El 23% de los encuestados afirmó que todas las decisiones elaboradas con apoyo de IA son revisadas por el juez antes de surtir efectos jurídicos.
- El 35,6% indicó la necesidad de formalizar la supervisión humana obligatoria como procedimiento formal de control procesal e institucional.
Entre las preocupaciones manifestadas por los juzgadores, el riesgo de errores y alucinaciones (citas de jurisprudencia o normas inexistentes) figura como la principal inquietud. De igual manera, se señalaron riesgos vinculados a los sesgos algorítmicos, la falta de transparencia en los modelos, la ciberseguridad y la protección de datos personales.
4. Infraestructura y Necesidad de Formación Especializada
Las limitaciones materiales representan un condicionante para la modernización tecnológica del Poder Judicial:
- El 80,6% de los funcionarios identificó la falta de recursos tecnológicos como el mayor obstáculo para la adopción procesal de la IA.
- El 66,9% calificó la infraestructura tecnológica actual como baja o nula, destacando la falta de interoperabilidad con los sistemas judiciales existentes.
El diagnóstico de la CETYDIP también expuso que las competencias de los servidores judiciales son evaluadas como muy bajas en siete áreas críticas: uso de IA generativa, ingeniería de prompts, ética, protección de datos, supervisión humana, identificación de sesgos y verificación de resultados. Por ello, se enfatiza la urgencia de estructurar programas formativos especializados.
El Modelo del «Juez Aumentado»
Como síntesis del diagnóstico, la propuesta de la CETYDIP rehúsa tanto la prohibición tajante como la delegación de la administración de justicia en algoritmos. La meta trazada es la consolidación de un «juez aumentado»: un operador de justicia auxiliado por herramientas analíticas que agilicen las tareas administrativas y la búsqueda documental, garantizando que el criterio, el razonamiento y la sana crítica humana permanezcan al mando de la decisión jurisdiccional.