Delitos Relacionados con Criptoactivos en Venezuela: Un Análisis Integral

Investigación Asistida por IA. Prompts por Raymond Orta

I. Resumen Ejecutivo

Venezuela presenta un panorama complejo y multifacético en relación con los criptoactivos y los delitos asociados. La profunda crisis económica y la hiperinflación impulsaron una adopción significativa de criptomonedas por parte de la ciudadanía como mecanismo de supervivencia, principalmente para la preservación de valor y la recepción de remesas. Sin embargo, este mismo entorno de inestabilidad y la naturaleza inherente de los criptoactivos (transfronterizos, rápidos y pseudoanónimos) crearon un terreno fértil para una amplia gama de actividades ilícitas. Estas incluyen desde estafas y fraudes dirigidos a usuarios individuales hasta operaciones de lavado de dinero a gran escala, evasión de sanciones internacionales y corrupción sistémica, como se evidenció en el notorio escándalo PDVSA-Cripto.

La respuesta estatal ha sido ambivalente y, en última instancia, problemática. La creación de la criptomoneda estatal Petro y el ente regulador SUNACRIP, aunque presentadas como soluciones económicas y herramientas para eludir sanciones, establecieron una infraestructura centralizada que, paradójicamente, facilitó la corrupción a gran escala. Las sanciones internacionales, particularmente las impuestas por Estados Unidos, si bien buscaban presionar al régimen, parecen haber incentivado involuntariamente la búsqueda de canales financieros opacos como los criptoactivos, exacerbando los riesgos de delitos financieros.

El escándalo PDVSA-Cripto, que implicó la presunta desviación de miles de millones de dólares de ingresos petroleros a través de esquemas que involucraban a altos funcionarios, SUNACRIP y una red de empresas fantasma, marcó un punto de inflexión. Llevó a la intervención y prolongada reestructuración de SUNACRIP, generando un vacío regulatorio y una profunda incertidumbre para los actores legítimos del ecosistema cripto venezolano.

Si bien las autoridades venezolanas, como el CICPC, muestran actividad en la investigación de estafas menores, persisten dudas sobre su capacidad y voluntad para abordar de manera efectiva la criminalidad a gran escala vinculada a actores poderosos, a menos que existan motivaciones políticas. La falta de un marco regulatorio claro, transparente y efectivamente aplicado, junto con los desafíos inherentes a la supervisión de criptoactivos y las tensiones internacionales, configuran un futuro incierto. El potencial de los criptoactivos para ofrecer soluciones financieras a los ciudadanos coexiste con el riesgo persistente de su explotación para fines delictivos, lo que subraya la necesidad urgente de una gobernanza efectiva y transparente en este sector.

II. Introducción: El Contexto Venezolano para los Criptoactivos

A. El Trasfondo Socioeconómico: Hiperinflación y Crisis Económica

La emergencia y proliferación de los criptoactivos en Venezuela no pueden entenderse sin considerar el severo contexto de crisis económica y el devastador período de hiperinflación que ha afectado al país. Durante años, la economía venezolana ha sufrido una contracción profunda, acompañada por una de las tasas de inflación más altas del mundo. El Banco Central de Venezuela registró oficialmente un período de hiperinflación entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020 ¹, aunque las presiones inflacionarias extremas precedieron y siguieron a este período. En su punto álgido, la inflación mensual superó con creces el umbral del 50% que define la hiperinflación, llegando a calcularse tasas anualizadas astronómicas, como el 65,320% mencionado por Steve Hanke en agosto de 2018.² A finales de 2021, aunque Venezuela salió técnicamente de la hiperinflación, la tasa anual seguía siendo extremadamente alta, reportada en 686.4%.³

Esta dinámica inflacionaria pulverizó el valor del bolívar, la moneda nacional. Frases como «el bolívar no vale nada» se volvieron comunes, reflejando la pérdida total de confianza en la capacidad de la moneda para funcionar como reserva de valor o incluso como medio de intercambio eficiente.¹ Sucesivas reconversiones monetarias, que eliminaron hasta catorce ceros del bolívar entre 2007 y 2021, no lograron detener la depreciación y solo sirvieron como «cambios de apariencia».¹ La economía se dolarizó de facto: aunque los salarios a menudo permanecían denominados en bolívares devaluados, los precios de bienes y servicios se fijaban cada vez más en dólares estadounidenses.¹ La suspensión de los controles de cambio y precios vigentes desde 2003, a partir de 2018, facilitó aún más las transacciones en divisas.¹

Este colapso económico generó una necesidad imperiosa entre los ciudadanos de encontrar alternativas para proteger sus ahorros, realizar transacciones y, crucialmente, recibir ayuda financiera del exterior. La desconfianza en las instituciones financieras tradicionales y en la moneda local creó un vacío que los criptoactivos comenzaron a llenar.³

B. Auge de la Adopción Cripto: Mecanismo de Supervivencia Ciudadana y Oportunidades Ilícitas

En medio de la crisis, los venezolanos recurrieron a los criptoactivos como una herramienta pragmática de supervivencia económica. Activos digitales como Bitcoin (BTC) y, de manera crucial, las stablecoins (monedas estables) como Tether (USDT), ganaron popularidad como medios para ahorrar, realizar transacciones y, fundamentalmente, recibir remesas de la diáspora venezolana.⁴ Plataformas de intercambio entre pares (P2P) como las ofrecidas por Binance, junto con servicios como Zelle, se convirtieron en canales populares para el envío de dinero hacia Venezuela, superando a menudo las limitaciones y costos del sistema financiero tradicional.⁷ El atractivo principal residía en la capacidad de movilizar recursos rápidamente a través de las fronteras, eludiendo controles gubernamentales y preservando el valor frente a la devaluación del bolívar.⁶

Esta adopción desde la base fue reconocida internacionalmente. Informes de la firma de análisis blockchain Chainalysis consistentemente ubicaron a Venezuela entre los países con mayor índice de adopción de criptomonedas a nivel mundial en años anteriores.¹⁰ Aunque su posición fluctuó (por ejemplo, ocupando el tercer lugar en 2020 ¹⁰), Venezuela se mantuvo prominentemente en los rankings, como el puesto 14 en el índice global de 2024.⁴ Es importante notar que cambios metodológicos, como la exclusión del volumen P2P en índices más recientes, afectaron la clasificación, pero aun así, Venezuela, junto con Brasil, México y Argentina, figuraba entre los 20 principales países.⁴ El mercado venezolano de criptomonedas experimentó un crecimiento significativo, reportándose un aumento superior al 100% en el valor recibido entre mediados de 2023 y mediados de 2024.¹³

La naturaleza de esta adopción revela una característica fundamental del ecosistema cripto venezolano. Dada la extrema volatilidad económica, la necesidad primordial para muchos usuarios no era la especulación, sino la estabilidad y la utilidad transaccional. Esto sugiere que las stablecoins, diseñadas para mantener paridad con monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, desempeñaron un papel central y quizás desproporcionado en el uso práctico diario.⁴ La mención recurrente de USDT en relación con cambios ilícitos y estafas ¹⁵ también apunta a su amplia circulación. Por lo tanto, la narrativa de la adopción cripto en Venezuela parece estar más ligada a la búsqueda de un sustituto funcional del bolívar y un conducto eficiente para las remesas, que a la inversión en activos más volátiles como Bitcoin.⁹

Sin embargo, este mismo entorno de necesidad y adopción masiva, combinado con un marco regulatorio incipiente o ineficaz, también abrió la puerta a actividades ilícitas. La facilidad para realizar transacciones transfronterizas y la percepción de anonimato atrajeron a actores criminales que buscaban explotar la tecnología para estafas, lavado de dinero y evasión de controles.⁸ La hiperinflación, por lo tanto, actuó como un catalizador dual: impulsó la adopción legítima por parte de ciudadanos desesperados por soluciones financieras, pero simultáneamente creó un entorno propicio para que actores ilícitos, incluyendo potencialmente al propio Estado, utilizaran los criptoactivos para fines criminales o para eludir restricciones financieras internacionales. Esta dualidad intrínseca complica enormemente los esfuerzos de regulación y aplicación de la ley.

C. Respuesta Gubernamental: El Petro y SUNACRIP

Frente a la crisis económica agudizada y las crecientes sanciones internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro intentó posicionarse como un actor innovador en el espacio cripto. En 2018, anunció la creación del Petro (PTR), una criptomoneda supuestamente respaldada por las reservas de petróleo, gas, oro y diamantes del país.⁸ El Petro fue presentado como una herramienta para sortear el «bloqueo financiero» impuesto por Estados Unidos, atraer inversión y ofrecer una alternativa estable al bolívar.⁸ El gobierno afirmó haber recaudado sumas significativas (hasta $735 millones según informes gubernamentales no verificados) en una preventa inicial.²

Para gestionar este nuevo ecosistema, se creó la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) mediante el Decreto N° 3.196 en diciembre de 2017 ²⁰, posteriormente consolidada por el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos de enero de 2019.²¹ SUNACRIP fue concebida como un instituto autónomo con amplias facultades para regular, supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con criptoactivos en Venezuela. Su mandato incluía la emisión de licencias para casas de intercambio (exchanges) y mineros digitales, la coordinación con el Banco Central de Venezuela (BCV), la supervisión de registros y la aplicación de sanciones por incumplimiento.²¹

Sin embargo, tanto el Petro como SUNACRIP enfrentaron un escepticismo generalizado desde el principio. Analistas internacionales y expertos locales cuestionaron la viabilidad técnica y económica del Petro, su supuesta descentralización y su respaldo real.² El gobierno de Estados Unidos rápidamente prohibió a sus ciudadanos y entidades realizar transacciones con el Petro mediante la Orden Ejecutiva 13827 de marzo de 2018 ²⁵, calificándolo como un intento de evadir sanciones.² En la práctica, el Petro nunca logró una adopción significativa ni funcionó como una criptomoneda viable en el mercado abierto; fue descrito como una «farsa» y un «fraude» que ni siquiera calificaba como criptomoneda según estándares internacionales.² Finalmente, tras años de operatividad limitada y problemas técnicos recurrentes, el gobierno venezolano descontinuó oficialmente el Petro en enero de 2024.¹⁰

La creación del Petro y SUNACRIP, aunque públicamente justificada como una respuesta soberana a la crisis y las sanciones, estableció una infraestructura controlada por el Estado dentro del emergente espacio cripto venezolano. Esta estructura, diseñada explícitamente para el control gubernamental y con el potencial inherente de facilitar la evasión de sanciones ⁸, creó, irónicamente, los mecanismos centralizados y los puntos de vulnerabilidad que serían explotados posteriormente en el masivo escándalo de corrupción PDVSA-Cripto.¹⁰ El intento del Estado de regular y aprovechar los criptoactivos para sus propios fines terminó facilitando su abuso a una escala sin precedentes, demostrando los riesgos inherentes a las iniciativas de criptomonedas controladas por el Estado en entornos con alta corrupción y baja transparencia.

III. Tipología de Delitos Relacionados con Criptoactivos en Venezuela

La adopción generalizada de criptoactivos en Venezuela, impulsada por la crisis económica, ha ido acompañada de un aumento paralelo en la diversidad y frecuencia de delitos relacionados. Estos abarcan desde fraudes dirigidos a inversores minoristas hasta complejas operaciones de lavado de dinero y corrupción a gran escala.

A. Fraude y Estafas Dirigidas a Particulares

Los usuarios individuales de criptomonedas en Venezuela son blancos frecuentes de una variedad de estafas, muchas de las cuales replican tácticas observadas a nivel global, pero adaptadas al contexto local:

• Phishing: Ataques diseñados para robar credenciales de acceso a billeteras digitales (wallets) o cuentas en plataformas de intercambio (exchanges). Los estafadores crean sitios web o aplicaciones móviles falsas que imitan a las legítimas, a menudo con dominios muy similares.²⁹ También pueden hacerse pasar por equipos de soporte técnico para solicitar información confidencial como claves privadas o frases de recuperación.²⁹ Ninguna plataforma legítima solicitará esta información a sus usuarios.²⁹ Una modalidad específica detectada en Venezuela involucra «páginas espejo» promocionadas vía WhatsApp, que buscan capturar datos de acceso.¹⁸
• Plataformas de Inversión Falsas: Creación de sitios web que simulan ser plataformas de trading de criptomonedas. Atraen a las víctimas mostrando supuestas ganancias rápidas y sustanciales en sus cuentas.¹⁵ Sin embargo, cuando el usuario intenta retirar sus fondos (especialmente sumas grandes), la plataforma bloquea la operación, exige el pago de altas comisiones o simplemente desaparece.¹⁵
• Esquemas Ponzi/Piramidales: Promesas de retornos de inversión extraordinariamente altos y garantizados, que son insostenibles.³² Estos esquemas dependen del reclutamiento constante de nuevos inversores para pagar a los anteriores.³³ Un caso notorio en Venezuela fue la investigación iniciada por la Fiscalía en abril de 2025 contra la plataforma HV IJEX, descrita como un esquema Ponzi.³⁵ La policía venezolana también detuvo a cinco personas relacionadas con otro presunto esquema Ponzi basado en criptomonedas.³⁶
• Estafas Románticas («Pig Butchering»): Táctica que combina ingeniería social y fraude de inversión. Los estafadores contactan a las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas, construyen una relación de confianza y luego las convencen para invertir en plataformas de criptomonedas fraudulentas.¹⁵ Una vez que la víctima ha invertido sumas significativas, el estafador desaparece con el dinero.
• Estafas de Suplantación de Identidad: Uso de perfiles falsos que imitan a celebridades, empresarios influyentes o supuestos expertos para promocionar inversiones fraudulentas o solicitar el envío de criptomonedas con la promesa de multiplicarlas.³⁰ Se ha reportado el uso de la imagen de Elon Musk en este tipo de estafas.²⁹
• Esquemas «Pump and Dump»: Manipulación del precio de criptoactivos de baja capitalización o liquidez. Los organizadores promueven activamente la compra de un token específico a través de información engañosa o falsa en redes sociales y foros, generando un aumento artificial del precio («pump»).²⁹ Una vez que el precio sube, los estafadores venden masivamente sus tenencias («dump»), provocando el colapso del precio y dejando a los inversores tardíos con pérdidas significativas.²⁹
• Billeteras y Aplicaciones Falsas: Distribución de aplicaciones maliciosas a través de tiendas de apps (Google Play, Apple App Store) o enlaces directos, disfrazadas de billeteras de criptomonedas legítimas.²⁹ Estas aplicaciones están diseñadas para robar las claves privadas o los fondos de los usuarios que las instalan.
• Estafas de Regalos («Giveaway Scams»): Promesas falsas de duplicar o multiplicar la cantidad de criptomonedas que un usuario envíe a una dirección específica, a menudo utilizando cuentas de redes sociales comprometidas o falsificadas para dar apariencia de legitimidad.³⁰
• Estafas de Empleo: Solicitud de pagos por adelantado en criptomonedas como requisito para acceder a una supuesta oferta de trabajo.³²
• Extorsión y Chantaje: Envío de correos electrónicos o mensajes amenazando con divulgar información personal supuestamente comprometedora (como historial de navegación en sitios para adultos) a menos que la víctima realice un pago en criptomonedas.³⁰
• Casos Específicos en Venezuela: Además de los esquemas Ponzi mencionados, se ha denunciado formalmente a individuos como Alejandro Figueira, acusado de hacerse pasar por experto en cripto para estafar a conocidos y familiares por un valor significativo en Bitcoin.³⁹ También se reportó la captura por parte del CICPC de Gabriel Bello por ofrecer cambios fraudulentos de divisas y USDT a precios engañosos.¹⁷

B. Lavado de Dinero

Los criptoactivos se han convertido en una herramienta atractiva para el lavado de dinero en Venezuela y a nivel global debido a varias características inherentes: la percepción de anonimato (aunque las transacciones suelen ser pseudoanónimas y registradas en la blockchain), la velocidad de las transacciones, la facilidad para mover fondos a través de fronteras sin intermediarios financieros tradicionales y, en muchos casos, la falta de una regulación robusta y una supervisión efectiva.¹⁰ Los fondos ilícitos pueden provenir de diversas fuentes, como el narcotráfico, la corrupción, el fraude, la minería ilegal de oro, entre otros.¹⁰

Las técnicas empleadas para lavar dinero mediante criptoactivos son variadas y evolucionan constantemente:

• Servicios de Mezcla («Mixers» o «Tumblers»): Plataformas que mezclan fondos de múltiples usuarios para romper el rastro de las transacciones en la blockchain, dificultando la conexión entre el origen ilícito y el destino final de los fondos.⁴²
• Saltos de Cadena («Chain Hopping») y Conversión de Activos: Intercambiar repetidamente un tipo de criptomoneda por otro a través de diferentes blockchains para ofuscar el origen.⁴⁵
• Redes Peer-to-Peer (P2P) y Corredores Over-The-Counter (OTC): Utilización de plataformas P2P o intermediarios OTC que pueden tener requisitos de identificación de cliente (KYC) y de lucha contra el lavado de dinero (AML) menos estrictos que los exchanges centralizados regulados.⁴²
• Estructuración («Structuring» o «Smurfing»): Dividir grandes sumas de dinero ilícito en múltiples transacciones más pequeñas para evitar umbrales de reporte o detección.⁴³
• Uso de Exchanges No Cumplidores: Plataformas de intercambio ubicadas en jurisdicciones con regulaciones laxas o que no aplican adecuadamente las normativas KYC/AML.⁴²
• Cajeros Automáticos de Criptomonedas (Crypto ATMs): Permiten convertir efectivo en criptomonedas (y viceversa), potencialmente con controles de identidad débiles, facilitando la etapa de «colocación» del lavado de dinero.⁴³
• Juegos de Azar y Apuestas en Línea: Utilización de criptomonedas para comprar fichas o créditos en plataformas de juego online, que luego pueden ser retirados, a menudo con pérdidas aceptadas como costo del lavado.⁴³
• Explotación de Finanzas Descentralizadas (DeFi): Uso de protocolos DeFi, que operan sin intermediarios centrales, para realizar transacciones y ocultar fondos, aprovechando su complejidad y menor regulación actual.⁴²

En Venezuela, el lavado de dinero mediante criptoactivos ha estado prominentemente vinculado a casos de corrupción a gran escala y presunta evasión de sanciones. El caso más emblemático es el escándalo PDVSA-Cripto, donde se alega que miles de millones de dólares provenientes de ventas de petróleo no reportadas fueron desviados y lavados utilizando criptomonedas y una red de empresas fantasma, con la presunta complicidad de funcionarios de PDVSA y SUNACRIP.¹⁰ El exjefe de SUNACRIP, Joselit Ramírez, enfrenta acusaciones tanto en Venezuela como en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos financieros.²⁶ Las autoridades estadounidenses también han sancionado e imputado a otros individuos venezolanos, como Juan Fernando Serrano Ponce y Juan Carlos Soto, por presunto lavado de dinero relacionado con negocios con PDVSA.²⁶ Además, la denuncia contra Alejandro Figueira incluía el delito de legitimación de capitales ³⁹, y existen reportes sobre el uso de criptomonedas por parte de narcotraficantes para blanquear ingresos.³⁸

C. Evasión de Sanciones

Venezuela ha sido objeto de un amplio régimen de sanciones internacionales, principalmente impuestas por Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.²⁵ Estas sanciones, de tipo no comprehensivo, se dirigen a individuos específicos (incluyendo altos funcionarios del gobierno, como Nicolás Maduro y Cilia Flores), entidades clave como la petrolera estatal PDVSA y sectores económicos como el petrolero y el aurífero.²⁵ Las sanciones prohíben a «Personas de EE. UU.» (ciudadanos, residentes, entidades estadounidenses y sus sucursales) realizar ciertas transacciones con las partes sancionadas y pueden acarrear severas penalidades civiles y criminales por violaciones.⁵³

En este contexto, los criptoactivos surgieron como una herramienta potencial para que el gobierno venezolano y actores asociados intentaran eludir estas restricciones financieras. El lanzamiento del Petro fue explícitamente enmarcado por el gobierno como una medida para contrarrestar las sanciones.⁸ Aunque el Petro fracasó, la infraestructura creada y la familiaridad con la tecnología probablemente facilitaron el uso posterior de otras criptomonedas (como Bitcoin o stablecoins) para intentar mover fondos fuera del sistema financiero tradicional y de la supervisión estadounidense.¹⁰ La Orden Ejecutiva 13827 de EE. UU. apuntó directamente al Petro, prohibiendo su uso en transacciones vinculadas a EE. UU..²⁵

El escándalo PDVSA-Cripto está intrínsecamente ligado a la evasión de sanciones. Se presume que el esquema de vender petróleo a través de canales no convencionales y recibir pagos (o lavar los ingresos) mediante criptomonedas fue, al menos en parte, una estrategia para continuar exportando crudo a pesar de las sanciones sobre PDVSA.⁸ Reportes indican que PDVSA adoptó formalmente las criptomonedas en su estrategia de ventas tras el restablecimiento de ciertas sanciones.⁵⁶ Las acciones de EE. UU., como la inclusión de Joselit Ramírez en la lista de los más buscados por ICE por evasión de sanciones y lavado de dinero ⁴⁸, y las advertencias de FinCEN sobre el uso de cripto para mover fondos corruptos desde Venezuela ²⁵, subrayan la preocupación internacional por esta práctica.

Resulta evidente que las sanciones internacionales, diseñadas para ejercer presión económica y política sobre el régimen venezolano, tuvieron un efecto complejo y potencialmente contraproducente en el ámbito de los delitos financieros. Al restringir el acceso al sistema financiero global, las sanciones crearon un poderoso incentivo para que el Estado y actores vinculados exploraran y adoptaran canales financieros alternativos y opacos, como los criptoactivos.⁸ Esta «necesidad» de encontrar vías alternativas, combinada con un entorno de corrupción endémica y controles institucionales debilitados, probablemente redujo las barreras para incurrir en prácticas financieras ilícitas. El uso de criptomonedas se convirtió no solo en una herramienta potencial de evasión, sino también en un vehículo para el desfalco masivo, como se vio en el caso PDVSA-Cripto.¹⁰ De este modo, las sanciones, en este contexto específico, pudieron haber contribuido indirectamente a la escala y sofisticación de los delitos financieros relacionados con criptoactivos, al fomentar la misma opacidad financiera que buscaban combatir.

D. Otros Delitos Relacionados

Además de los fraudes, el lavado de dinero y la evasión de sanciones, los criptoactivos en Venezuela están asociados a otras actividades delictivas:

• Cryptojacking: Uso no autorizado de la capacidad de cómputo de terceros (ordenadores, móviles) para minar criptomonedas sin su consentimiento.³⁸
• Ransomware: Ataques de malware que secuestran los datos o sistemas de una víctima y exigen un rescate, casi universalmente pagadero en criptomonedas (se estima que el 98% de los rescates se pagan en moneda virtual).³⁸
• Robo de Criptoactivos: Acceso ilegal a billeteras digitales o cuentas de exchange mediante hacking, phishing de claves privadas, o explotación de vulnerabilidades para transferir fondos.⁴⁰ Las sanciones por robo varían según la jurisdicción y el monto.⁴⁰ El CICPC reportó la detención de dos individuos por el robo de $2 millones en bitcoins.⁵⁷
• Minería Ilegal: Operación de equipos de minería digital sin la licencia requerida por SUNACRIP o incumpliendo regulaciones específicas, como la obligación de conectarse al Pool de Minería Digital Nacional.²¹ SUNACRIP tenía la facultad de sancionar esta actividad ²¹, y se reportó la suspensión de granjas de minería ilegales.⁵⁹ La persecución de mineros por supuesto impacto energético también fue reportada, aunque cuestionada como pretexto.⁶⁰
• Insolvencia Punible: Ocultamiento de patrimonio por parte de deudores mediante la conversión de activos a criptomonedas para evitar embargos o procesos de ejecución.³⁸
• Comercio de Bienes y Servicios Ilegales: Uso de criptomonedas como medio de pago en mercados de la darknet o para transacciones relacionadas con actividades ilícitas.³⁸
• Evasión Fiscal: Aprovechamiento de la pseudoanonimidad y la falta de reporte automático para ocultar ingresos o activos al fisco.³¹
• Mulas de Dinero («Money Mules»): Reclutamiento de personas, a menudo bajo falsas promesas de empleo o relaciones, para que abran cuentas bancarias o billeteras de criptomonedas y muevan fondos de origen ilícito a cambio de una comisión, participando así (consciente o inconscientemente) en el lavado de dinero.¹⁵

Tabla 1: Tipología de Delitos Relacionados con Criptoactivos en Venezuela

IV. Marco Legal y Regulatorio

La respuesta legal y regulatoria de Venezuela al fenómeno de los criptoactivos ha sido reactiva y, en gran medida, impulsada por la agenda política y económica del gobierno, culminando en un estado actual de incertidumbre tras el escándalo PDVSA-Cripto.

A. Legislación y Decrettos Clave

El marco normativo principal se construyó a través de una serie de decretos y providencias administrativas emitidas bajo el paraguas de la Asamblea Nacional Constituyente y la Superintendencia creada al efecto:

• Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos (Enero 2019, G.O. N° 41.575): Este es el instrumento jurídico fundamental que estableció el marco legal para los criptoactivos en Venezuela.21 Derogó un decreto anterior de 2017 19 y definió su objeto como la creación y definición del marco aplicable a los bienes, servicios y actividades relacionados con la constitución, emisión, organización, funcionamiento y uso de criptoactivos dentro del territorio nacional.21 Introdujo definiciones clave como Blockchain, Minería Digital, Criptoactivo (definido como activo digital que usa criptografía y registros distribuidos) y Criptoactivo Soberano (refiriéndose al Petro, emitido y respaldado por la República).21
  Este decreto consolidó a SUNACRIP como el ente rector autónomo, adscrito a la Vicepresidencia de Economía, otorgándole amplias competencias de regulación, supervisión, licenciamiento y fiscalización sobre todo el ecosistema, incluyendo mineros, casas de intercambio y otros servicios financieros.21 Crucialmente, estableció la obligatoriedad del registro ante SUNACRIP para todas las personas naturales y jurídicas que realizaran cualquier actividad relacionada con criptoactivos.21 SUNACRIP quedó facultada para crear y administrar estos registros, privilegiando medios electrónicos.21
  El decreto también tipificó una serie de infracciones y delitos, estableciendo sanciones que incluían multas significativas (expresadas y pagaderas en criptoactivos soberanos o fiduciarios a discreción de SUNACRIP) e incluso penas de prisión.21 Entre las conductas sancionadas se encontraban operar sin autorización (multa de 100 a 300 criptoactivos soberanos), acceso indebido a sistemas (prisión de 1 a 3 años y multa), sabotaje de sistemas, uso de información falsa en registros (multa de 50 a 100 criptoactivos soberanos), y obtención irregular de documentos administrativos.21 Notablemente, se estableció que las infracciones administrativas no prescriben.21
• Providencia N° 097-2019 (Diciembre 2019, G.O. N° 41.787): En ejecución del decreto anterior, SUNACRIP dictó esta providencia para establecer normas contables específicas para las operaciones con criptoactivos.⁶² Exigía llevar una contabilidad dual, expresada tanto en bolívares como en Petros, aplicable a personas naturales y jurídicas.⁶²
• Providencia sobre Minería Digital (Septiembre 2020, G.O. N° 41.969): Esta normativa reguló específicamente la actividad de minería digital.²³ Creó el Registro Integral de Mineros (RIM) ²⁴ y estableció la necesidad de obtener licencias de operación para diversas actividades relacionadas: importación, comercialización, fabricación, ensamblaje y reparación de equipos de minería; ofrecimiento de servicios de hospedaje (hosting) para equipos; y provisión de servicios de minería en la nube.²³ Una disposición clave fue la obligación para todos los mineros de operar conectados al Pool de Minería Digital Nacional, administrado y supervisado por SUNACRIP, bajo pena de sanciones por incumplimiento.²³ La providencia también indicaba que SUNACRIP estimularía la creación de granjas de minería y evaluaría proyectos.²³
• Providencia N° 044-2021 (Abril 2021): Esta providencia introdujo regulaciones específicas de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV o VASPs, por sus siglas en inglés).63 Su ámbito de aplicación cubría exchanges (cripto-cripto y cripto-fiat), servicios de transferencia y custodia, servicios financieros relacionados y operadores de cajeros automáticos de criptomonedas.63
  La norma exigía a los PSAV implementar un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR LC/FT/FPADM) robusto, soportado en tecnología para análisis de datos.63 Imponía obligaciones estrictas de Conocimiento del Cliente (KYC), incluyendo la identificación y verificación remota de usuarios (rastreo de IP, búsquedas web), obtención de declaración jurada sobre el origen de los fondos, y la aplicación de Debida Diligencia Intensificada (DDI) para transacciones superiores a 1,000 euros.63 También se requería la segmentación de clientes por nivel de riesgo y la conservación de registros por al menos cinco años.63
  Además, obligaba al monitoreo continuo de transacciones y al reporte a SUNACRIP de operaciones sospechosas, así como de saldos significativos en cuentas y billeteras.63 Designaba ciertas actividades como inherentemente de «Alto Riesgo» (incluyendo servicios P2P, cajeros, custodia y servicios relacionados con la emisión de nuevos activos).63 Finalmente, otorgaba a los PSAV la facultad de negar servicios o terminar relaciones comerciales si no se podía completar la debida diligencia o si existían sospechas de vinculación con LC/FT.63

B. SUNACRIP: Rol, Facultades y Reestructuración

SUNACRIP fue establecida como la piedra angular de la estrategia regulatoria del gobierno venezolano en materia de criptoactivos.²¹ Sus facultades eran amplias, abarcando desde la coordinación de políticas con el BCV hasta la supervisión directa de mineros y exchanges, la emisión de licencias y permisos, el ejercicio del control sobre la negociación de criptoactivos y la potestad sancionatoria, especialmente contra la minería no autorizada.²¹ Bajo la dirección inicial de Joselit Ramírez Camacho ²³, SUNACRIP implementó los registros y licenciamientos obligatorios, buscando centralizar el control sobre el ecosistema.

Sin embargo, el rol de SUNACRIP se vio drásticamente alterado en marzo de 2023 con el estallido del escándalo de corrupción PDVSA-Cripto. La detención de su superintendente, Joselit Ramírez, por su presunta implicación en la desviación de miles de millones de dólares ¹⁰, llevó a la intervención inmediata de la institución por parte del Ejecutivo Nacional.⁴⁷ Se nombró una Comisión de Reestructuración, presidida por Anabel Pereira Fernández ⁵⁹, y se inició un proceso que originalmente tendría una duración de seis meses.⁶⁶

Este proceso de reestructuración se ha caracterizado por su opacidad y por sucesivas prórrogas. El plazo inicial de seis meses fue extendido en septiembre de 2023 ⁵⁹, nuevamente en marzo de 2024 ³⁵, y una tercera vez en septiembre de 2024 ⁶⁷, extendiendo la intervención por al menos hasta marzo de 2025. El objetivo declarado de la comisión va más allá de la investigación del caso de corrupción; busca definir el futuro mismo de la regulación de criptoactivos en Venezuela, contemplando la posibilidad de que SUNACRIP desaparezca y sus competencias sean transferidas a otros organismos como la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) o el propio BCV.⁶⁴

Las consecuencias inmediatas de la intervención fueron drásticas: se reportó el retiro de la identificación visual de la sede de SUNACRIP, el despido de gran parte de su personal, y la paralización de muchas de sus funciones.¹⁰ Las operaciones de minería y los exchanges licenciados se vieron sumidos en la incertidumbre, con reportes iniciales de órdenes de cierre o apagado.¹⁰ Las transacciones con el Petro también fueron suspendidas temporalmente, aunque luego se permitieron algunas operaciones entre usuarios.⁶⁴

Esta prolongada y poco transparente reestructuración de SUNACRIP, una entidad ya comprometida por su vinculación al escándalo PDVSA-Cripto, ha generado un vacío regulatorio de facto.⁶⁴ La ausencia de un regulador funcional y creíble crea una situación de limbo perjudicial para los actores legítimos del ecosistema –mineros, casas de intercambio, desarrolladores y usuarios– que operan sin directrices claras ni seguridad jurídica.¹⁰ Esta incertidumbre no solo frena la innovación y la inversión legítima, sino que también puede, paradójicamente, crear nuevas oportunidades para actividades ilícitas, que tienden a prosperar en entornos carentes de supervisión y reglas claras. La situación actual daña la credibilidad de Venezuela en el espacio cripto, a pesar de haber sido uno de los países pioneros en intentar una regulación temprana.¹⁰

C. Brechas y Desafíos en la Regulación

Incluso antes de la intervención de SUNACRIP, el marco regulatorio venezolano presentaba desafíos y brechas significativas:

• Naturaleza de la Tecnología: Regular una tecnología descentralizada, global y en rápida evolución como los criptoactivos es intrínsecamente complejo para cualquier jurisdicción.⁴²
• Ambigüedad Inicial: Los primeros decretos mostraron cierta falta de claridad conceptual, por ejemplo, en la distinción precisa entre «criptoactivo» y «criptomoneda».¹⁹
• Balance Regulación vs. Innovación: Encontrar el equilibrio adecuado entre fomentar la adopción y la innovación tecnológica, y prevenir eficazmente su uso para fines ilícitos, es un desafío constante.⁸
• Conflicto de Intereses: La estructura donde el Estado, a través de SUNACRIP, actuaba simultáneamente como regulador, promotor (del Petro) y usuario (a través de PDVSA y otras entidades) generaba un conflicto de intereses inherente, que pudo haber contribuido a las fallas de supervisión y a la corrupción.¹⁰
• Protección al Usuario: A diferencia de los sistemas financieros tradicionales, los pagos con criptomonedas generalmente son irreversibles y carecen de mecanismos de protección al consumidor como los contracargos de tarjetas de crédito.³² La regulación venezolana no abordó adecuadamente esta vulnerabilidad.
• Vacío Regulatorio Actual: La intervención y reestructuración de SUNACRIP ha dejado al sector sin una autoridad regulatoria clara y funcional, exacerbando la incertidumbre.⁶⁴

V. El Escándalo PDVSA-Cripto: Un Estudio de Caso

El caso PDVSA-Cripto representa el escándalo de corrupción relacionado con criptoactivos más significativo en Venezuela hasta la fecha, exponiendo la intrincada relación entre el sector petrolero estatal, funcionarios gubernamentales de alto nivel, la superintendencia de criptoactivos y redes empresariales opacas.

A. Panorama General del Escándalo

La trama salió a la luz pública en marzo de 2023 con una serie de detenciones ordenadas por la Policía Nacional Anticorrupción.²⁶ La acusación central gira en torno a la desviación sistemática de fondos provenientes de la venta de petróleo crudo de PDVSA. Se alega que cargamentos de petróleo eran asignados a SUNACRIP o a intermediarios privados sin las debidas garantías ni controles administrativos.²⁷ Estos cargamentos eran comercializados, pero los ingresos correspondientes, que debían pagarse (al menos parcialmente) utilizando criptoactivos gestionados a través de SUNACRIP, nunca llegaron a las arcas de PDVSA.²⁶

Las estimaciones sobre el monto total del desfalco varían enormemente en las fuentes, oscilando entre 3,000 millones de dólares ¹⁰ y cifras tan elevadas como 21,190 millones de dólares.²⁶ Estas operaciones ilícitas se habrían desarrollado en el contexto de los esfuerzos de PDVSA por encontrar mecanismos alternativos de pago para sus exportaciones de crudo, buscando evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos que restringían su acceso al sistema financiero internacional.⁸ La necesidad de operar al margen de los canales tradicionales habría facilitado la implementación de este esquema fraudulento.

B. Actores Clave Involucrados

La investigación ha implicado a una red extensa de funcionarios públicos de alto rango y empresarios:

• Tareck El Aissami: Figura central. Ocupaba el cargo de Ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA al momento de estallar el escándalo. Renunció a sus cargos en marzo de 2023.¹⁰ Permaneció desaparecido públicamente por más de un año hasta su detención confirmada en abril de 2024.²⁸ Se le acusa de liderar la trama de corrupción.²⁸
• Joselit Ramírez Camacho: Ex Superintendente Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP).²³ Fue detenido en marzo de 2023.¹⁰ Vinculado estrechamente a El Aissami ⁴⁸, se le acusa de malversación de fondos y de facilitar el esquema a través de SUNACRIP.¹⁰ Ya era buscado por las autoridades estadounidenses (ICE) por lavado de dinero y evasión de sanciones, con una recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura.²⁵ Había sido acusado formalmente en cortes de EE. UU. previamente.²⁵
• Simón Zerpa: Ex Ministro de Economía y Finanzas y ex presidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Ocupó altos cargos económicos durante una década. Detenido en abril de 2024 junto a El Aissami y López Bello.²⁸ Se alega que utilizó el Fonden y el Ministerio de Comercio para facilitar las operaciones irregulares.²⁸
• Samark López Bello: Empresario considerado por EE. UU. como testaferro de Tareck El Aissami. Detenido en abril de 2024.²⁸ Se le identifica como el operador financiero clave que conectaba el efectivo, las cuentas digitales y las criptomonedas en la trama.²⁸
• Antonio Pérez Suárez: Coronel del ejército y ex Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA. Detenido.²⁶ Se le acusa de autorizar asignaciones de crudo y pagos a contratistas sin el debido registro en los sistemas de PDVSA.²⁶
• Hugbel Roa: Exdiputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. Detenido.²⁶
• Otros Funcionarios y Empresarios: La lista de detenidos y solicitados es extensa e incluye a otros funcionarios de PDVSA (como Ysmel Serrano Flórez, ex vicepresidente ²⁶), funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela (incluyendo presidentes y vicepresidentes como Pedro Maldonado Marín y Hugo Cabezas Bracamonte ²⁶), jueces (como José Mascimino Márquez García ²⁶), un exgobernador (Edwin Rojas ²⁶), un alcalde (Pedro Hernández ²⁶), y numerosos empresarios y operadores financieros.²⁶ Para abril de 2024, se reportaban más de 54 personas detenidas en relación con el caso.²⁸ También se mencionan figuras públicas como modelos y misses entre las personas solicitadas.²⁶

Tabla 2: Individuos Clave Implicados en el Escándalo PDVSA-Cripto (Selección)

(Nota: El estatus y los alegatos específicos pueden variar según las fuentes y la evolución de las investigaciones).

C. Modus Operandi: Criptoactivos y Empresas Fantasma

El mecanismo operativo de la trama PDVSA-Cripto, según las investigaciones y reportes, combinó la manipulación de procesos internos de PDVSA con el uso de tecnologías financieras modernas y estructuras empresariales opacas:

1. Asignación Discrecional de Crudo: La cúpula de la trama, presuntamente liderada por El Aissami, asignaba cargamentos de petróleo (fuel oil, coque, etc.) de manera discrecional a un grupo selecto de empresarios y traders.²⁸ Estas asignaciones se realizaban sin seguir los procedimientos de licitación o contratación estándar y sin exigir garantías adecuadas.²⁷
2. Comisiones y Pagos Irregulares: A cambio de estas asignaciones preferenciales, los empresarios supuestamente pagaban comisiones que oscilaban entre el 15% y el 30% del valor del cargamento.²⁸ Los pagos por el crudo, que a menudo se vendía a precios inferiores al mercado (hasta 50% de descuento mencionado ²⁸), no ingresaban a las cuentas oficiales de PDVSA.²⁶
3. Uso de Criptoactivos para Ocultar y Mover Fondos: Los ingresos ilícitos (comisiones y/o pagos por el crudo) eran convertidos a criptoactivos.¹⁰ El uso de criptomonedas (tipos específicos no siempre detallados, pero se menciona la plataforma Kraken Crypto Exchange ²⁸) permitía mover grandes sumas de dinero rápidamente, a través de fronteras y con un grado de opacidad que dificultaba el rastreo por parte de los organismos de control financiero tradicionales.²⁸ SUNACRIP, bajo la dirección de Ramírez, jugó un papel crucial en la facilitación de estas transacciones cripto.¹⁰
4. Red de Empresas Fantasma («Shell Companies»): Se utilizó una vasta red de empresas pantalla, registradas tanto en Venezuela como en múltiples jurisdicciones extranjeras (Panamá, EE. UU., Chipre, Reino Unido, entre otras), para canalizar los fondos, ocultar la titularidad real y dar una apariencia de legitimidad a las operaciones.¹⁰ Se mencionan más de 100 empresas fantasma involucradas.¹⁰ Muchas de estas compañías carecían de experiencia en el sector petrolero o estaban vinculadas directamente a los funcionarios y empresarios implicados.²⁷
5. Lavado Final de Activos: Los fondos canalizados a través de criptomonedas y empresas fantasma se utilizaban finalmente para adquirir bienes de alto valor (propiedades inmobiliarias de lujo, vehículos, etc.) e invertir en sectores como la construcción, integrando así el dinero ilícito en la economía legítima.²⁶ Se mencionan específicamente torres de oficinas y residenciales en zonas exclusivas de Caracas como parte de los activos vinculados.²⁶
6. Estructuras Paralelas: Para gestionar este complejo esquema al margen de los controles internos de PDVSA, se habrían creado estructuras administrativas paralelas, como la denominada «Unidad de Trabajo Especial», con el objetivo de ocultar las operaciones irregulares.²⁸

D. Impacto y Consecuencias

El escándalo PDVSA-Cripto ha tenido repercusiones profundas y de amplio alcance:

• Pérdida Financiera Masiva: El impacto económico directo es la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos petroleros para PDVSA y, por extensión, para el Estado venezolano.¹⁰ Estos fondos podrían haber sido destinados a cubrir necesidades urgentes del país en sectores críticos como el agroalimentario, eléctrico o de agua.²⁷
• Purgas Políticas y Judiciales: El escándalo desencadenó una de las mayores purgas anticorrupción dentro del chavismo, resultando en la detención de figuras políticas y económicas de muy alto nivel que hasta entonces parecían intocables.²⁶
• Crisis Institucional en SUNACRIP: La implicación directa de su máxima autoridad llevó a la intervención y virtual desmantelamiento de SUNACRIP, sumiendo al sector cripto en un limbo regulatorio.²⁶
• Disrupción del Ecosistema Cripto: La intervención provocó la paralización temporal o la incertidumbre operativa para mineros digitales y casas de intercambio que operaban legalmente bajo licencias de SUNACRIP.¹⁰ Se reportó que ciudadanos vieron sus fondos en criptomonedas inaccesibles en plataformas gubernamentales.¹⁰
• Erosión de la Confianza: El caso ha minado aún más la confianza pública en las instituciones gubernamentales y ha generado desconfianza hacia el sector de criptoactivos en general, asociándolo con corrupción y actividades ilícitas.¹⁰
• Daño Reputacional: La imagen de Venezuela como país pionero en la adopción y regulación de criptomonedas (aunque controvertida) se vio severamente dañada.¹⁰
• Impacto Humano: Más allá de las cifras macroeconómicas, el escándalo tiene un costo humano: los fondos desviados representan oportunidades perdidas para mejorar las condiciones de vida de la población venezolana.²⁷ Además, la incertidumbre generada afecta a las familias que invirtieron en minería o dependen de los criptoactivos.¹⁰

Este escándalo no puede interpretarse simplemente como actos aislados de codicia individual. La magnitud de los fondos involucrados, el alto nivel de los funcionarios implicados y la complejidad de la red empresarial utilizada ²⁶ sugieren un caso de corrupción sistémica. Parece evidenciar cómo las élites conectadas al poder pueden instrumentalizar las crisis nacionales (colapso económico, sanciones) y las nuevas tecnologías financieras opacas (criptoactivos) para llevar a cabo operaciones de desfalco a una escala sin precedentes.⁸ La aparente facilidad con la que operó la trama durante años apunta a un grave debilitamiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro del Estado venezolano, donde la línea entre la política estatal y la empresa criminal parece haberse difuminado peligrosamente.

VI. Aplicación de la Ley e Investigación

La persecución de los delitos relacionados con criptoactivos en Venezuela involucra a distintas instancias nacionales, enfrenta desafíos significativos y se ve influenciada por acciones internacionales.

A. Rol de las Autoridades Venezolanas (CICPC, Fiscalía)

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) es el principal órgano de investigación penal en Venezuela y juega un rol clave en la lucha contra los delitos informáticos y financieros, incluyendo aquellos que involucran criptoactivos. Dentro de su estructura, cuenta con una División de Investigaciones de Delitos Informáticos ⁵⁷, encargada de abordar una gama de ciberdelitos como el acceso indebido (hacking), sabotaje informático, espionaje, fraudes electrónicos, ofertas engañosas y delitos relacionados con la explotación sexual de menores en línea.⁵⁷

El CICPC ha demostrado actividad en la investigación y persecución de ciertos tipos de delitos relacionados con criptoactivos, especialmente aquellos que afectan a ciudadanos comunes:

• Investigación de Estafas: Han alertado públicamente y actuado contra diversas modalidades de estafa, incluyendo las que se propagan por WhatsApp ¹⁸, plataformas de juegos como Roblox ⁵⁷, y ofertas engañosas de cambio de divisas o criptomonedas.¹⁷ La detención de Gabriel Bello por estafa con cambios de USDT es un ejemplo.¹⁷
• Robo de Criptoactivos: Han realizado detenciones relacionadas con el robo de criptomonedas, como el caso de dos individuos capturados por el robo de $2 millones en bitcoins.⁵⁷
• Prevención y Concienciación: El CICPC realiza campañas de prevención, como «No te enredes con las redes», para educar a la población, especialmente a jóvenes y padres, sobre los riesgos del uso indebido de plataformas digitales y cómo identificar posibles delitos como el sexting o el grooming.⁷² También han creado una página web específica para ofrecer asesoría y recibir denuncias sobre delitos informáticos.⁵⁷
• Advertencias Específicas sobre Cripto: Han emitido advertencias sobre estafas en la compraventa de criptoactivos, recomendando (antes del escándalo) utilizar los canales oficiales de SUNACRIP.⁷²

Por su parte, la Fiscalía General de la República (Ministerio Público) es la encargada de dirigir la investigación penal y ejercer la acción penal pública. Ha sido la instancia que ha anunciado públicamente el inicio de investigaciones importantes, como la del esquema Ponzi de la plataforma HV IJEX ³⁶, y es la que lidera la acusación en el caso PDVSA-Cripto.²⁶

B. Desafíos para la Aplicación de la Ley

A pesar de las acciones reportadas, las autoridades venezolanas enfrentan obstáculos considerables para investigar y sancionar eficazmente los delitos con criptoactivos:

• Complejidad Tecnológica: La naturaleza pseudoanónima de muchas transacciones, el uso de herramientas de ofuscación como mezcladores, y la operación a través de múltiples jurisdicciones dificultan enormemente el rastreo de fondos ilícitos y la identificación de los responsables.³¹ La recuperación de los fondos robados o lavados es particularmente compleja.¹⁵
• Necesidad de Especialización: La investigación de estos delitos requiere personal altamente capacitado en análisis de blockchain, ciberseguridad y finanzas digitales, así como herramientas tecnológicas especializadas.³¹ Existe una necesidad reconocida de formar más «ciberpolicías».⁶¹
• Limitaciones de Recursos: Es probable que las agencias de aplicación de la ley venezolanas, al igual que otras instituciones del país, sufran de limitaciones presupuestarias y de recursos, lo que dificulta la adquisición de tecnología y la capacitación necesaria, especialmente en el contexto de la crisis económica prolongada.
• Corrupción e Interferencia Política: La integridad del sistema de justicia puede verse comprometida. El hecho de que jueces fueran detenidos en el marco del caso PDVSA-Cripto ²⁶ sugiere la posibilidad de corrupción dentro del propio sistema judicial. En casos que involucran a figuras políticas o económicas poderosas, existe el riesgo de interferencia política en las investigaciones.
• Cooperación Internacional Limitada: La efectividad de las investigaciones transnacionales depende de la cooperación con autoridades de otros países. Las tensiones políticas y diplomáticas de Venezuela con numerosas naciones, particularmente con EE. UU. y países europeos, pueden obstaculizar la obtención de información o la extradición de sospechosos.
• Volumen y Velocidad: El gran volumen y la rapidez de las transacciones globales de criptomonedas representan un desafío para la capacidad de monitoreo y análisis de cualquier agencia.⁶⁹

Considerando estos factores, surge una aparente paradoja en la aplicación de la ley. Mientras el CICPC parece activo en perseguir estafas y fraudes de menor escala que victimizan a ciudadanos ¹⁷, su capacidad o disposición para investigar proactivamente y desmantelar redes criminales complejas vinculadas a actores estatales poderosos, como la que operó en el caso PDVSA-Cripto durante años ¹⁰, parece limitada. La abrupta persecución iniciada en marzo de 2023 ²⁶ sugiere que fue desencadenada por decisiones políticas internas más que por el resultado de investigaciones policiales rutinarias. Esto indica que la efectividad y las prioridades de la aplicación de la ley en el espacio cripto venezolano pueden estar fuertemente condicionadas por el clima político, resultando en una aplicación desigual de la ley donde los delitos de cuello blanco a gran escala pueden gozar de impunidad hasta que cambien las circunstancias políticas.

C. Cooperación Internacional y Acciones de EE. UU.

Dada la naturaleza transnacional de muchos delitos financieros y las limitaciones internas, las acciones de autoridades extranjeras, especialmente las de Estados Unidos, son relevantes:

• Investigaciones y Acusaciones del DOJ: El Departamento de Justicia de EE. UU. ha llevado a cabo investigaciones y presentado acusaciones formales contra numerosos funcionarios y exfuncionarios venezolanos por delitos como narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero.¹⁰ Estas investigaciones a menudo involucran el rastreo de flujos financieros ilícitos que pueden incluir el uso de criptoactivos.
• Acciones de ICE y Recompensas: La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha designado a figuras como Joselit Ramírez como «más buscado», ofreciendo recompensas millonarias por información que conduzca a su arresto y/o condena por cargos de lavado de dinero y evasión de sanciones.⁴⁸
• Sanciones de OFAC: Las sanciones económicas impuestas por OFAC actúan como una herramienta de presión y disuasión, buscando aislar a individuos y entidades involucradas en corrupción, narcotráfico, violaciones de derechos humanos y actividades que socavan la democracia, incluyendo aquellas facilitadas por criptoactivos.²⁵
• Advertencias de FinCEN: La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido advertencias (advisories) a instituciones financieras globales sobre los elevados riesgos de corrupción y lavado de dinero asociados con el gobierno venezolano, sus empresas estatales (como PDVSA) y el uso de métodos como criptomonedas para mover fondos ilícitos.²⁵
• Obstáculos a la Cooperación: A pesar de estas acciones unilaterales, la cooperación formal entre las autoridades venezolanas y estadounidenses es prácticamente inexistente debido a la ruptura de relaciones diplomáticas y al no reconocimiento mutuo de ciertas autoridades, lo que complica las investigaciones conjuntas, el intercambio de pruebas y las extradiciones.

VII. Conclusión y Perspectivas

El panorama de los criptoactivos en Venezuela es un microcosmos de las tensiones y contradicciones que enfrenta el país. La profunda crisis económica catapultó a los criptoactivos de la periferia al centro de la vida financiera para muchos venezolanos, ofreciendo una tabla de salvación frente a la hiperinflación y un canal vital para las remesas. Esta adopción orgánica, impulsada por la necesidad, demostró el potencial de la tecnología para empoderar a los ciudadanos en entornos de extrema inestabilidad.⁵

Sin embargo, esta misma crisis, junto con la opacidad inherente a los criptoactivos y un marco institucional debilitado por la corrupción, creó un caldo de cultivo ideal para la actividad delictiva. Desde estafas predatorias dirigidas a usuarios vulnerables hasta el lavado de dinero multimillonario y la evasión de sanciones orquestada desde las más altas esferas del poder, los criptoactivos se convirtieron también en una herramienta para la criminalidad sofisticada.

La respuesta del Estado venezolano, marcada por la creación fallida del Petro y la controvertida gestión de SUNACRIP, ilustra los peligros de la intervención estatal en este sector sin transparencia ni rendición de cuentas. Lejos de solucionar los problemas económicos o regular eficazmente el espacio, la infraestructura creada por el gobierno terminó implicada en el mayor escándalo de corrupción conocido hasta la fecha, el caso PDVSA-Cripto. Este evento no solo reveló la escala de la corrupción sistémica, sino que también sumió al ya frágil ecosistema cripto venezolano en un estado de profunda incertidumbre regulatoria debido a la prolongada e incierta reestructuración de SUNACRIP.⁶⁴

El futuro de los criptoactivos en Venezuela es, por tanto, ambiguo. La necesidad económica probablemente seguirá impulsando la adopción y el uso por parte de los ciudadanos, especialmente de stablecoins, como forma de protegerse y realizar transacciones. Sin embargo, los riesgos de fraude y estafas persistirán mientras no existan mecanismos efectivos de protección al usuario y educación financiera.

La clave para un desarrollo más saludable del sector reside en el establecimiento de un marco regulatorio claro, transparente, independiente y aplicado de manera consistente. Esto requeriría no solo la definición de reglas técnicas, sino también un compromiso genuino con la lucha contra la corrupción y la garantía de independencia de las instituciones reguladoras y judiciales. La resolución de la situación de SUNACRIP y la definición de quién y cómo supervisará el sector son pasos cruciales pendientes.⁶⁴

A nivel internacional, la presión de las sanciones y las acciones de autoridades extranjeras probablemente continuarán influyendo en el comportamiento de los actores estatales y privados. Sin embargo, sin una mejora sustancial en la gobernanza interna y la cooperación internacional, la lucha contra los delitos relacionados con criptoactivos en Venezuela seguirá siendo un desafío formidable. La dualidad de los criptoactivos como herramienta de liberación financiera para unos y vehículo de crimen para otros persistirá, reflejando las profundas divisiones y problemas estructurales del país.

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• ⁸ https://www.vozdeamerica.com/a/futuro-criptomonedas-venezuela-oportunidades-desafios/7589851.html
• ³⁷ https://www.swissinfo.ch/spa/la-fiscal%C3%ADa-de-venezuela-investigar%C3%A1-a-plataforma-de-criptomonedas-por-presunta-estafa/89181657
• ³² https://consumidor.ftc.gov/articulos/lo-que-hay-que-saber-sobre-las-criptomonedas-y-las-estafas
• ³⁶ https://www.swissinfo.ch/spa/la-polic%C3%ADa-de-venezuela-detiene-a-cinco-personas-por-presunta-estafa-con-criptomonedas/89194753
• ¹⁷ http://www.inameh.gob.ve/web/prensa/notic.php?n=2537
• ³⁹ https://es.finance.yahoo.com/noticias/venezolano-experto-cripto-denunciado-estafa-204946198.html
• ⁵⁷ https://primicia.com.ve/tag/delitos-informaticos/
• ⁸⁰ https://rnv.gob.ve/prensa/?p=368016
• ⁷¹ https://www.lazarus.com.ve/division-de-delitos-informaticos-del-cicpc/
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• ¹⁸ https://cavecom-e.org.ve/venezuela-alertan-sobre-nueva-estafa-con-criptomonedas-que-se-promueve-via-whatsapp/
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