Análisis Crítico de la Sentencia en el caso Mark Walters v. OpenAI, L.L.C.
Reportaje Jurídico: Análisis Crítico de la Sentencia en el caso Mark Walters v. OpenAI, L.L.C.
Por Raymond Orta, Abogado Especialista en Derecho Procesal y Tecnologías
Introducción
El 19 de mayo de 2025, la Corte Superior del Condado de Gwinnett, Estado de Georgia, emitió sentencia definitiva en el caso civil identificado como 23-A-04860-2, mediante la cual se otorgó juicio sumario a favor de la empresa OpenAI, L.L.C., desestimando en su totalidad las pretensiones del demandante, Mark Walters. Este fallo judicial no solo tiene implicaciones trascendentales en el ámbito del derecho civil norteamericano, particularmente en materia de difamación, sino que también representa un precedente en la interfase entre inteligencia artificial y responsabilidad legal.
En este reportaje jurídico se analiza la sentencia con una extensión doctrinal y casuística, examinando tanto la argumentación del tribunal como las pruebas, los hechos relevantes, el fundamento normativo aplicado y las consecuencias jurídicas de este fallo.
I. Antecedentes del Caso
Mark Walters, figura reconocida en los Estados Unidos como locutor y defensor del derecho a portar armas, introdujo una demanda contra OpenAI, L.L.C., desarrolladora del modelo de lenguaje generativo ChatGPT, alegando que el sistema había generado falsamente que él había sido acusado de malversación de fondos por parte de la Second Amendment Foundation (SAF).
Los hechos se remontan al 3 de mayo de 2023, cuando el periodista Frederick Riehl, editor de AmmoLand.com, solicitó a ChatGPT un resumen de una demanda real (SAF v. Ferguson), proporcionando un enlace web. ChatGPT, al no poder acceder a la URL, generó una respuesta ficticia que indicaba falsamente que Walters era el tesorero de la SAF y que había sido demandado por malversación de fondos. Cabe destacar que el propio Riehl reconoció que el contenido era inexacto e incluso «fantasioso».
II. Argumentos de las Partes
Demandante (Walters): Alegó que la información generada por ChatGPT era difamatoria, falsa, y le causó daños reputacionales. Asimismo, sostuvo que OpenAI actuó con negligencia al permitir la generación de dichos contenidos sin filtros suficientes.
Demandado (OpenAI): Defendió su actuación señalando que:
- ChatGPT advierte permanentemente que puede generar información incorrecta.
- Las declaraciones no eran difamatorias en el sentido jurídico porque no podrían ser entendidas como hechos reales por un lector razonable.
- No se probó ni negligencia ni daño real.
III. Análisis del Tribunal
El Tribunal, presidido por la Jueza Honorable Tracie Cason, fundamentó su decisión en tres pilares jurídicos clave:
A. Ausencia de carácter difamatorio como cuestión de derecho
La Corte determinó que el producto generado por ChatGPT no puede interpretarse como una declaración de hecho. Apoyándose en la jurisprudencia Bollea v. World Championship Wrestling, se enfatiza que la difamación requiere que el lector razonable interprete la declaración como verdadera.
En el presente caso, el uso de términos condicionales, la presencia de advertencias visibles sobre posibles errores y el conocimiento previo del periodista Riehl sobre los riesgos de «alucinaciones» en la IA, impidieron considerar que la salida de ChatGPT tuviera contenido difamatorio efectivo.
B. Falta de dolo o negligencia
Bajo el derecho de Georgia, un demandante por difamación debe probar que el demandado actuó al menos con negligencia ordinaria. Walters no pudo demostrar que OpenAI violó estándares de cuidado aceptables. Por el contrario, la compañía demostró haber implementado:
- Sistemas de advertencia constantes.
- Limitaciones técnicas explícitas en el uso de ChatGPT.
- Medidas para reducir las «alucinaciones».
C. Inexistencia de daños reales o presuntos
La parte actora confesó no haber sufrido daño económico directo ni perjuicio a su reputación comprobable. En ausencia de corrección o retractación solicitada por Walters, no procede conforme al §51-5-2 del Código de Georgia la solicitud de daños punitivos. Asimismo, se consideró inaplicable el reclamo por daños presuntos bajo la protección de la Primera Enmienda.
IV. Figura del Demandante como «Personaje Público»
El Tribunal identificó a Mark Walters como figura pública de propósito limitado, debido a su protagonismo en el debate sobre la Segunda Enmienda. Conforme a la doctrina de Gertz v. Robert Welch, Inc., las figuras públicas deben acreditar «actual malice», es decir, conocimiento efectivo de falsedad o temeraria indiferencia a la verdad. Ninguno de estos requisitos se cumplió.
V. Consecuencias Jurídicas del Fallo
A. Límites a la responsabilidad civil de sistemas de IA generativa
La decisión establece un importante precedente en la línea de responsabilidad por productos de inteligencia artificial. La sentencia señala que los desarrolladores de modelos generativos no son responsables automáticos por el contenido producido, particularmente cuando:
- El uso implica aceptación de términos de servicio con exenciones de responsabilidad.
- Se emiten advertencias explícitas al usuario sobre posibles imprecisiones.
B. Elevación de los estándares probatorios para difamación digital
El criterio adoptado refuerza la necesidad de probar la verificabilidad de la afirmación, la percepción razonable de los lectores y la existencia de daño real para la viabilidad de una acción judicial por difamación. En un contexto digital, estas exigencias cobran mayor relevancia.
C. Reafirmación de la protección constitucional de la libertad de expresión
La Primera Enmienda fue central en la resolución, imponiendo un umbral alto de prueba para responsabilizar a OpenAI. El fallo evita abrir la puerta a demandas temerarias contra desarrolladores de tecnologías que podrían restringir la innovación o la libertad de información.
VI. Consideraciones Finales y Proyecciones
Este caso se inscribe en el inicio de una nueva etapa en el derecho comparado, donde se deben reconfigurar los límites entre la responsabilidad civil y la autonomía algorítmica. La resolución implica:
- Que los productos de IA, como ChatGPT, no pueden ser tratados como emisores humanos de información.
- Que los usuarios deben ejercer un deber de verificación activa.
- Que el derecho a la información debe ser armonizado con la prevención del daño reputacional.
Este precedente podría influir directamente en futuras regulaciones de IA tanto en Estados Unidos como en otras jurisdicciones, especialmente en materia de responsabilidad extracontractual, derecho al honor y protección de datos personales.
Conclusión
El caso Walters v. OpenAI constituye un fallo paradigmático que redefine la aplicación de los principios tradicionales de difamación en un entorno tecnológico. La Corte no solo protege a los desarrolladores de IA bajo normas claras de advertencia y transparencia, sino que también fija límites razonables para que las libertades fundamentales no se vean mermadas por demandas infundadas.
Desde la perspectiva jurídica, esta decisión merece ser estudiada en profundidad como una referencia obligatoria para el desarrollo de doctrinas futuras en el tratamiento legal de sistemas de inteligencia artificial.
Raymond Orta-Martínez Abogado Especialista en Derecho Procesal, Tecnologías y Perito en Arbitrajes Internacionales
Director de raymondorta.com
Mayo 2025