La Amnistía en el Derecho Venezolano: La Naturaleza Jurídica y Política del Olvido en Venezuela

Raymond Orta Martinez, Abogado Especialista en Derecho Procesal UCV

La institución de la amnistía en el ordenamiento jurídico venezolano trasciende la mera categorización como una causa de extinción de la responsabilidad penal. En la historia republicana de Venezuela, y con una intensidad dramática a partir la promulgación de la Constitución de 1999, la amnistía ha operado como el barómetro más preciso de la correlación de fuerzas políticas y la salud institucional del Estado. No es simplemente un mecanismo técnico de abolitio criminis o eliminación del hecho punible.

Este resumido analisis, no se limita a la descripción de normas, sino que disecta la tensión existencial entre la tradición latinoamericana de la «gracia política» y las modernas exigencias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Penal Internacional (DPI), que imponen límites infranqueables a la capacidad del Estado para perdonar.

Desde una perspectiva teórica, la amnistía —del griego amnestia, olvido— se distingue fundamentalmente del indulto y otras medidas de gracia por su alcance y efectos. Mientras que el indulto es una medida administrativa intuitu personae que perdona el cumplimiento de la pena impuesta a un individuo específico sin borrar el delito ni los antecedentes penales, la amnistía es un acto legislativo de carácter general y abstracto.¹ Su efecto es mucho más radical: extingue la acción penal y hace desaparecer la relevancia penal del hecho mismo para todo un colectivo de personas que se encuentren en los supuestos de hecho de la norma.¹ En la doctrina penal venezolana clásica, la amnistía opera ex tunc, retrotrayendo la situación jurídica al momento anterior a la comisión del delito, como si este nunca hubiera existido en el plano jurídico-penal, aunque —punto crítico en el debate actual— no extingue la responsabilidad civil derivada del daño causado.²

Sin embargo, esta definición de manual choca frontalmente con la realidad constitucional venezolana nacida en 1999. El constituyente, marcado por la memoria de la represión política de las décadas anteriores (especialmente los sucesos del «Caracazo» de 1989), introdujo en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) un «candado» jurídico sin precedentes: la prohibición expresa y absoluta de otorgar amnistías o indultos a responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.³ 

El informe se estructura en seis grandes bloques analíticos que desglosan esta evolución. Primero, se examina el marco constitucional y la tensión entre el artículo 187 (atribución legislativa de amnistía) y el artículo 29 (restricción por DDHH).

Distinciones Conceptuales Fundamentales en el Derecho Venezolano

Capítulo I: El Marco Constitucional y la Tensión Dogmática (1999-2015)

La Constitución de 1999 rediseñó la arquitectura del poder punitivo del Estado, introduciendo tensiones que se mantuvieron latentes hasta que estallaron en crisis políticas abiertas.

1.1 La Atribución Legislativa y la Reserva Legal

El artículo 187, numeral 5 de la CRBV, otorga a la Asamblea Nacional la competencia expresa de «decretar amnistías».³ Esta disposición confirma que la amnistía es materia de reserva legal; es decir, debe ser debatida públicamente y plasmada en una ley formal. Históricamente, esto responde a la lógica de que solo el representante de la soberanía popular (el Parlamento) tiene la legitimidad para decidir que un hecho, anteriormente considerado delictivo por la sociedad, deje de ser perseguido en aras de un bien superior como la paz pública.

1.2 El «Candado» del Artículo 29: Derechos Humanos vs. Pacificación

El artículo 29 es la piedra angular de toda discusión sobre amnistía en Venezuela. Su texto es categórico:

«El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.».³

Este artículo incorpora al bloque de constitucionalidad venezolano el principio de inderogabilidad de la justicia para crímenes atroces. Dogmáticamente, esto significa que en Venezuela la «paz» no puede comprarse al precio de la impunidad de graves violaciones a la dignidad humana. Este estándar, avanzado para 1999, se alinea con la jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consolidaría años más tarde en la sentencia de Barrios Altos vs. Perú (2001).¹¹

El problema, no obstante, no reside en la norma sino en su interpretación hermenéutica. ¿Qué constituye una «violación de derechos humanos»?

• Interpretación Restrictiva (Garantista): Solo aquellos crímenes graves tipificados en el derecho internacional (tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, genocidio) entran en la prohibición. Delitos políticos como rebelión, instigación, o daños a la propiedad en protestas, serían amnistiables.
• Interpretación Extensiva (Estatal/Autoritaria): El Estado venezolano, a través de la Sala Constitucional, ha tendido a calificar actos de protesta opositora (cortes de vías, incendios de bienes públicos) como violaciones a los «derechos humanos difusos» de la ciudadanía (derecho al libre tránsito, a la paz, a la salud), equiparando así la disidencia violenta con violaciones de DDHH. Bajo esta óptica, casi cualquier delito cometido en el marco de una confrontación política podría ser etiquetado como inamnistiable, vaciando de contenido la facultad del artículo 187.5.⁶

1.3: La Amnistía como Fortalecimiento del Poder

Antes se utilizó la amnistía en dos momentos clave, demostrando que la figura era aceptable .

1.3.1 La Ley de Amnistía Política General de 2000

Apenas aprobada la nueva Constitución, la Comisión Legislativa Nacional (órgano transitorio conocido como el «Congresillo») dictó la Ley de Amnistía Política General (Gaceta Oficial Nº 36.934, abril de 2000).¹²

• Alcance: Fue una amnistía «plena» para delitos cometidos con motivaciones políticas hasta el 31 de diciembre de 1992.⁹

1.3.2 El Decreto de Amnistía de 2007

En diciembre de 2007, en el referendo para la reforma constitucional, se emitió un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía.⁹

• Beneficiarios: Abarcó a quienes habían participado en la redacción del decreto golpista de Pedro Carmona Estanga en abril de 2002, a firmantes de comunicados de adhesión al golpe, y a participantes en el paro petrolero y protestas hasta diciembre de 2007.
• Exclusiones: Crucialmente, excluyó a quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad, violaciones a la integridad personal (homicidios, lesiones graves) y delitos de corrupción administrativa. Sin embargo, su aplicación fue selectiva; benefició a muchos opositores de base, pero mantuvo inhabilitaciones políticas y procesos abiertos contra líderes clave, utilizando la amnistía como una herramienta de control de la disidencia: «perdono, pero no olvido políticamente».⁹

Capítulo II: La Fractura Institucional de 2016 y la Doctrina de la «Autoamnistía»

La victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, obteniendo una mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional, abrió un escenario inédito: el Poder Legislativo intentó utilizar su facultad constitucional de amnistía contra la voluntad del Poder Ejecutivo y Judicial. Este choque de trenes produjo la jurisprudencia más importante —y controvertida— sobre la materia hasta la fecha.

2.1 La Iniciativa Legislativa de 2016

La «Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional», sancionada el 29 de marzo de 2016, fue el proyecto bandera de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Su objetivo era liberar a los denominados «presos políticos», incluyendo estudiantes detenidos en 2014, y exiliados.⁶ La ley era técnicamente ambiciosa y detallada. Enumeraba decenas de tipos penales (instigación pública, daños a la propiedad, obstaculización de vías, traición a la patria) que serían amnistiados siempre que el móvil fuera político. Se sustentaba en la premisa de que el sistema de justicia había sido instrumentalizado para criminalizar la protesta, por lo que los delitos imputados eran, en realidad, fachadas legales para la persecución.³

2.2 La Sentencia 264/2016: El Veto Judicial

El presidente Nicolás Maduro, rechazando promulgar la ley, solicitó a la Sala Constitucional del TSJ un control previo de constitucionalidad. El 11 de abril de 2016, la Sala emitió la Sentencia Nº 264, declarando la ley inconstitucional en su totalidad. Este fallo es fundamental para entender la doctrina hasta 2025.⁵

Análisis de los Argumentos de la Sala Constitucional:

1. La Teoría de la «Autoamnistía» y el Conflicto de Interés: La Sala argumentó que la ley constituía un acto de «autoamnistía» legislativa. Señaló que varios diputados que promovieron, redactaron y votaron la ley (nombrando específicamente a líderes opositores) eran, a su vez, sujetos investigados o imputados por los hechos que la ley pretendía borrar. Según el TSJ, esto violaba el principio ético fundamental de que nadie puede ser juez y parte, convirtiendo la amnistía en un «traje a la medida» para la impunidad de la propia élite política opositora.⁶ Este argumento ético fue utilizado para anular la competencia formal del artículo 187.5.
2. La Vulneración de los Derechos de las Víctimas (Interpretación del Art. 29): El TSJ realizó una interpretación expansiva de los derechos de las víctimas. Sostuvo que la «paz social» no puede construirse sobre el «olvido de los crímenes» ni la «invisibilización de las víctimas». Calificó las protestas violentas («guarimbas») no como delitos políticos, sino como graves violaciones a los derechos humanos de la población general (derecho a la vida, al libre tránsito, a los servicios públicos). Bajo esta lógica, los actos de los manifestantes encuadraban en la prohibición del artículo 29, volviéndolos inamnistiables.⁵
3. Delitos Comunes vs. Delitos Políticos: La sentencia criticó duramente la inclusión de delitos como el narcotráfico, la estafa inmobiliaria y la corrupción bajo la figura de «delitos conexos». La Sala razonó que permitir la amnistía de delitos comunes graves simplemente porque el autor tiene una motivación política desvirtuaba la institución y generaba un privilegio odioso contrario a la igualdad ante la ley.⁶
4. Derecho a la Verdad: El fallo invocó jurisprudencia internacional para afirmar que la amnistía impedía la investigación de los hechos, violando el «derecho a la verdad» de la sociedad. Al extinguir la acción penal y ordenar el cierre de expedientes, la ley impedía determinar responsabilidades, lo cual, según el TSJ, era incompatible con un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.⁶3.3 La Propuesta de Ley de Amnistía General de 2026

Capítulo III: El Control de Convencionalidad y los Estándares Internacionales

Cualquier ley de amnistía que se apruebe en Venezuela en 2026 estará sujeta al escrutinio del derecho internacional, independientemente de la soberanía nacional. La jurisprudencia del Sistema Interamericano ha establecido límites claros (ius cogens) que Venezuela no puede ignorar si busca reintegrarse a la comunidad internacional.

5.1 La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

• Caso Barrios Altos vs. Perú (2001): La Corte sentenció que «son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos». Estas leyes carecen de efectos jurídicos ab initio.¹¹
• Caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006): Reiteró que los Estados no pueden invocar leyes internas para incumplir sus obligaciones internacionales de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad.¹¹
• Caso Masacres de El Mozote vs. El Salvador: Introdujo matices para contextos de conflicto armado y acuerdos de paz, permitiendo ciertas reducciones de pena o medidas alternativas, siempre que no haya amnistía total e incondicional para crímenes de guerra o lesa humanidad y se garantice la verdad.¹¹

Tabla 2. Comparación de Iniciativas de Amnistía (2016 vs. 2026)

Prospectiva y premisas

Consideraciones Jurídicas preliminares

1. El Artículo 29: El «candado» constitucional fue un escudo rígido cuando se quiso bloquear a la oposición en 2016, pero se perfila como una barrera permeable en 2026. La interpretación de qué es lo que constituye una «violación de derechos humanos» sigue siendo el nudo gordiano de la justicia venezolana.
2. Inconstitucionalidad de la Amnistía restrictiva: Una amnistía que beneficie a unos actores y persiga a otros por los mismos hechos violaría el principio de igualdad ante la ley. 

 Fuentes

1. justicia al Alcance: Conoce las diferencias entre los procesos de amnistía e indulto, accessed January 30, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=BwOchAEQ6Ng
2. What is AMNESTY and PARDON? What are the differences? Political and social purposes. – YouTube, accessed January 30, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=_dWuV2bAMiI
3. Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las Garantías Constitucionales para los militares y civiles que colaboren y hayan colaborado con la restitución del orden constitucional – Primero Justicia, accessed January 30, 2026, https://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=149:noticias&id=40704:ley-de-amnistia-y-de-reconocimiento-de-todas-las-garantias-constitucionales-para-los-militares-y-civiles-que-colaboren-y-hayan-colaborado-con-la-restitucion-del-orden-constitucional&Itemid=468
4. Constitución de la República de Venezuela – Legislación – TSJ, accessed January 30, 2026, https://historico.tsj.gob.ve/legislacion/crv.html
5. TSJ declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional – Noticias, accessed January 30, 2026, http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-declara-inconstitucional-la-ley-de-amnistia-y-reconciliacion-nacional
6. historico.tsj.gob.ve, accessed January 30, 2026, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/187018-264-11416-2016-16-0343.HTML
7. Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional – Transparencia Venezuela, accessed January 30, 2026, https://transparenciave.org/project/informe-para-segunda-discusion-del-proyecto-de-ley-de-amnistia-y-reconciliacion-nacional/
8. Ley Especial de Amnistía [Vigente] – Pandectas Digital, accessed January 30, 2026, https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/02/ley-especial-de-amnistia.html
9. desafíos de la Jurisprudencia de la corte interamericana de derechos Humanos sobre leyes de Amnistía en contextos de Justicia transicional, accessed January 30, 2026, https://revistas.unav.edu/index.php/persona-y-derecho/article/download/8382/34039/113578
10. Ley de Amnistía Política General – Justia Venezuela, accessed January 30, 2026, https://venezuela.justia.com/federales/leyes/ley-de-amnistia-politica-general/gdoc/
11. el caso brewer-carías vs. venezuela: lecciones desde la perspectiva del debido – Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo, accessed January 30, 2026, https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/files/2022/09/AJ-46-08-El-caso-Brewer-Car%C3%ADas-vs.-Venezuela-lecciones-desde-la-perspectiva-del-debido-proceso-Marisol-Pe%C3%B1a.pdf
12. lOs eFeCTOs De las PresIOnes POlíTICas De lOs esTaDOs en las DeCIsIOnes De la COrTe InTeraMerICana De DereCHOs HUManOs. Un CasO – Dialnet, accessed January 30, 2026, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5853783.pdf
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15. Ataque estadounidense a Venezuela de 2026 – Wikipedia, la enciclopedia libre, accessed January 30, 2026, https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_estadounidense_a_Venezuela_de_2026
16. TSJ ordena a Delcy Rodríguez asumir el cargo de Presidenta (E) tras secuestro del Primer Mandatario – Noticias – Tribunal Supremo de Justicia, accessed January 30, 2026, http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-ordena-a-delcy-rodriguez-asumir-el-cargo-de-presidenta-e-tras-secuestro-del-primer-mandatario
17. Fallo del TSJ designa como presidenta encargada de la Nación a Delcy Rodríguez, accessed January 30, 2026, https://www.comunas.gob.ve/2026/01/04/fallo-tsj-designa-presidenta-encargada-nacion-delcy-rodriguez/
18. ponencia conjunta – TSJ, accessed January 30, 2026, https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/352131-0001-3126-2026-26-0001.HTML
19. Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela – EFE, accessed January 30, 2026, https://efe.com/mundo/2026-01-31/venezuela-amnistia-presos-politicos-propuesta-delcy-rodriguez/
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21. Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para los presos políticos en Venezuela, accessed January 30, 2026, https://elpais.com/america/2026-01-30/delcy-rodriguez-anuncia-una-amnistia-general-para-los-cientos-de-presos-en-venezuela.html
22. María Corina Machado vincula la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EEUU, accessed January 30, 2026, https://www.democrata.es/internacional/maria-corina-machado-vincula-la-ley-de-amnistia-en-venezuela-a-la-presion-de-eeuu/
23. María Corina Machado dice que la amnistía es por presión de EE.UU. y cuestiona a Delcy Rodríguez – EFE, accessed January 30, 2026, https://efe.com/mundo/2026-01-31/venezuela-reaccion-oposicion-ong-ley-aministia-presos-politicos/
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26. INFORME No, accessed January 30, 2026, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/11581FondoEs.doc
27. Análisis de la Sentencia de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 – DPLF, accessed January 30, 2026, https://back.dplf.org/sites/default/files/2019_07_analisis_sentencia_de_inconstitucionalidad_de_la_ley_de_amnistia_2016.pdf
28. El derecho internacional de los derechos humanos debe guiar cualquier futura transición en Venezuela, afirma un experto | Noticias ONU – UN News, accessed January 30, 2026, https://news.un.org/es/story/2026/01/1540988